El Reino Unido estudia otra polémica medida para frenar la llegada de inmigrantes ilegales

El Gobierno británico analiza la posibilidad de colocar localizadores electrónicos a los inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha en pateras, según fuentes oficiales.

Esta iniciativa generó críticas y reacciones de parte de las organizaciones de derechos humanos.

El diario Times fue el primero en sacar a la luz este proyecto del Ministerio del Interior, que podría incorporar localizadores GPS a los inmigrantes.

Según el medio, el propósito de esta medida sería evitar que los inmigrantes desaparezcan si no pueden ser ubicados en centros de detención.

«Estamos estudiando todas las opciones para garantizar un control sobre quienes llegan ilegalmente», dijo Suella Braverman, ministra del Interior, en entrevista con el programa BBC Breakfast, de la emisora pública británica.

«Estamos estudiando todas las opciones para garantizar un control sobre quienes llegan ilegalmente»Suella Braverman

Braverman mencionó la necesidad de «aumentar la capacidad de detención» y reforzó el compromiso del Gobierno con la Ley de Inmigración Ilegal, que busca «detener y expulsar a los inmigrantes ilegales con mayor rapidez».

Esta ley establece que todo inmigrante que ingrese al Reino Unido de forma no oficial será deportado, con prohibición de reingreso y sin opción de solicitar ciudadanía británica.

Asimismo, la administración tiene la responsabilidad legal de enviarlos a Ruanda u otro país «seguro».

Sin embargo, hay una limitación en la capacidad de detención, lo que, según el Times, llevó al Gobierno a considerar otras opciones, como la de exigir a los solicitantes de asilo que se presenten periódicamente ante el Ministerio del Interior.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron el uso de localizadores.

«Es tratar a las personas como objetos y no como seres humanos en busca de seguridad «, expresó Enver Solomon, director del Consejo para los Refugiados, según consignó el medio británico.

Mientras tanto, el plan para enviar inmigrantes a Ruanda sigue actualmente suspendido.

En junio, el Tribunal de Apelación del Reino Unido dictaminó que Ruanda no puede ser considerada un tercer país seguro debido a riesgos para los inmigrantes. Aunque el Gobierno apeló la decisión, Braverman admitió en el programa Today de Radio 4 de la BBC que ciertas partes de la Ley de Inmigración Ilegal dependerán de la política sobre Ruanda.

Telam SE

«La aplicación de la ley está estrechamente ligada con nuestra asociación con Ruanda», afirmó.

Mientras continúa la controversia, el Reino Unido busca frenar los cruces del Canal de la Mancha, y el destino de muchos inmigrantes sigue en el aire.

En abril de 2023, el Reino Unido introdujo una medida controvertida para albergar a solicitantes de asilo que cruzaban el canal.

Una barcaza, denominada «Bibby Stockholm», se situó frente a la costa de Portland, Dorset, al sur de Inglaterra con capacidad para albergar hasta 500 personas.

Sin embargo, no fue sino hasta agosto que recibió a sus primeros 39 ocupantes, debido a demoras vinculadas con cuestiones de seguridad contra incendios.

Pero el 11 de agosto, una emergencia sanitaria llevó a la evacuación total de sus ocupantes, debido a la presencia de una bacteria que produce una variante grave de neumonía.

El Ministerio del Interior británico también está contemplando la opción de utilizar tiendas de campañcomo solución de alojamiento para solicitantes de asilo, una medida que tiene como objetivo reducir costos.

El Ministerio del Interior británico también está contemplando la opción de utilizar tiendas de campañcomo solución de alojamiento para solicitantes de asilo, una medida que tiene como objetivo reducir costos

A fines de marzo de 2023, el Reino Unido albergaba a más de 47.000 solicitantes en hoteles dispersos por el país.

El Gobierno mantenía cerca de 5.000 camas de hotel desocupadas, una medida adoptada para prevenir el hacinamiento en los centros de detención, según fuentes del Ministerio del Interior.

Hasta junio de este año más de 175.000 personas estaban esperando una decisión sobre si se les concedería el estatus de refugiado, 44% más que el año pasado.

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